Sobre Deuda Històrica

Consejo de Defensa del Estado dilata una vez más pago indemnizatorio por Deuda Histórica


Más de 60 mil educadores aúnan las dos causas presentadas el año 2000 por el Colegio de Profesores, de los cuales 5 mil han muerto esperando justicia.
El vicepresidente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, el dirigente nacional, Gustavo Méndez, y el abogado de la institución, Luis Parra, asistieron esta mañana al comparendo que enfrenta al Magisterio con el Consejo de Defensa del Estado por la Deuda Histórica, en el 24 Juzgado Civil de Santiago.La causa "Vásquez Salazar con el Fisco de Chile", que representa a cerca de 30 mil docentes, corresponde a una de las dos demandas por Deuda Histórica que actualmente persisten en los tribunales de justicia, ya que el Estado se ha negado en democracia a conciliar con los maestros una vía de solución, siendo los únicos empleados públicos que no recibieron la Ley de Reparación Económica para todo el Sector Público (DL 3551) del año 1980.“La actitud del Consejo de Defensa del Estado reafirma la necesidad de movilización del gremio, ya que mientras la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se sensibiliza ante el caso de los exiliados y retornados, los docentes siguen esperando una Ley de Reparación”, manifestó Darío Vásquez. Además, de las causas Vásquez Salazar y Pavez Urrutia con el Fisco de Chile, que aúnan a más de 60 mil educadores, existen 120 municipios demandados. En cinco de estos casos las presentaciones han sido acogidas y ejecutoriadas por la Corte Suprema, la que, en uno de sus fallos, afirma: “No se trata de una mera expectativa, sino de un derecho adquirido, que se incorporó a su patrimonio, desde el mismo momento que lo estableció el derecho a exigir el pago de esta asignación especial”.Pese a los fallos favorables para los docentes persiste un sinnúmero de acciones que han obstaculizado el pago de la indemnización compensatoria, como la promulgación de las normas propuestas por el propio Gobierno que impide que los alcaldes puedan ser arrestados por de esta deuda y que los bienes municipales sean embargados. Para Luis Parra, abogado del Colegio de Profesores “la presentación del Consejo del Estado en el 24 Juzgado Civil de Santiago es una maniobra dilatoria, que demuestra que no existe voluntad de parte del Estado chileno de llegar un acuerdo de reparación con los maestros”.En este sentido, Gustavo Méndez recordó a la opinión pública que “esta actitud no sólo ha provocado un grave perjuicio en las remuneraciones del Magisterio, sino la esperanza infructuosa de más de 5 mil colegas que han muerto esperando justicia”.

Sobre la Adminsitraciòn de colegios particulares subvencionados

Magisterio pide intervención del Contralor General por mala administración de subvencionados


Explotación, contratos fraudulentos, malos tratos y despidos irregulares son algunas de las situaciones que afectan a los docentes de muchos colegios subvencionados, entre los cuales el Samca Arumanti de Iquique representa un caso emblemático.
El presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, junto al vicepresidente, Darío Vásquez, y la representante del sindicato de maestros del Liceo Samca Arumanti de Iquique, Lorena Gallardo, hicieron un llamado al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que intervenga y fiscalice la administración de los recursos públicos destinados al sector particular subvencionado.Los dirigentes del Magisterio denunciaron a la opinión pública las pésimas condiciones de trabajo, explotación, malos tratos, contrato de trabajo fraudulentos, el no pago de bonos y gratificaciones legales, además de liquidaciones de sueldo poco transparentes, por parte de la sostenedora del Liceo Samca Arumanti, Amelia Espinosa.“Este caso demuestra como operan en la impunidad personas que no están en condiciones de administrar la subvención estatal y menos de propiciar una educación de calidad para los estudiantes. Esperamos que la Contraloría General aplique todo el rigor de la ley a todos los sujetos inescrupulosos que siguen enriqueciéndose con la plata de todos los chilenos y chilenas”, señaló Jorge Pavez.Lorena Gallardo, quien trabajó hasta enero del años 2005 en el establecimiento educacional de Iquique cree que la principal situación que afecta a sus colegas es el daño psicológico generado por la sostenedora producto de los malos tratos, el sometimiento a cargas horarias irregulares y los continuos despidos de los maestros.Asimismo, recordó que “a 100 años de la conmemoración de la Matanza de Iquique, donde miles de trabajadores vieron vulnerados sus derechos, hoy persiste este tipo de atropellos, que si bien no utilizan la fuerza física, dejan en evidencia los abusos, la explotación y el desamparo de los profesores”.Jorge Pavez explicó que como consecuencia de este conflicto se presentaron en forma simultánea a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Iquique, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Regional del Trabajo, treinta y tres denuncias gravísimas respaldadas con documentación.A esto se suma dos encuentros con la Ministra de Educación, Yasna Provoste, quien se comprometió en el mes de agosto a resolver a la brevedad las irregularidades. Semanas después, esta dependencia del Estado acogió sólo parcialmente las solicitudes de sanción.Durante el encuentro, el vicepresidente del Magisterio, Darío Vásquez, hizo mención de los casos que afectan a los colegios de Viña del Mar Ciudad de Paz y Jerusalén. “En mayo de 2006 la Sociedad Educacional SODEC Ltda. caducó, no obstante, la sostenedora Cecilia Guzmán continúo recibiendo la subvención del Estado, caso que estaba en conocimiento del seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Cristian Rojo”.Esta situación fue denunciada por los dirigentes del Colegio de Profesores, lo que generó el nombramiento de un administrador provisorio decretado por el representante de la repartición estatal. Pese a esta medida la intervención del empleado público fue nula, lo que a juicio de Darío Vásquez “demuestra la escasa voluntad y fiscalización de las autoridades de gobierno a nivel regional” .

Aclaraciòn sobre evaluaciòn docente

Comisión de Evaluación Docente aclara que Contraloría no ha hecho cuestionamiento alguno al Proceso


Instancia oficial del Colegio de Profesores denunció que algunos dirigentes han hecho una interpretación falaz y oportunista para confundir a los profesores, motivados por la coyuntura electoral que vive el Magisterio.
La Comisión Nacional sobre Evaluación Docente del Colegio de Profesores, presidida por Roberto Villagra e integrada por los dirigentes nacionales Verónica Monsalve y Jaime Prea, dio a conocer la versión oficial del gremio ante el informe emitido por la Contraloría General de la República respecto al proceso 2007.
En este sentido, los representantes del gremio lamentaron la “irresponsabilidad” de que algunos dirigentes soliciten a los educadores que devuelvan el Portafolio, ya que finalmente los únicos afectados son los propios maestros.
“Me parece que es sumamente irresponsable utilizar el estrés de los docentes en beneficio de un interés político electoral, porque quienes lo están haciendo no han entregado ninguna opinión sustantiva en torno a este tema, ni menos a la construcción de la Carrera Profesional”, sostuvo Roberto Villagra.
Jaime Prea comparte la visión de su colega y recordó que “los representantes nacionales no deben involucrar los espacios políticos con los temas gremiales, ya que esto tiende a confundir aún más a los profesores. Lo más lamentable es que las personas que invitan a renunciar a este procedimiento no asumen después las consecuencias de sus actos y abandonan a los profesores a su suerte”.
La Comisión Nacional sobre Evaluación Docente aclaró que desde el año 2003 han hecho un seguimiento al proceso, esfuerzo que se ha materializado en 120 seminarios, con una preocupación seria y sistemática por perfeccionar su implementación.
Roberto Villagra valoró que la Contraloría General de la República asuma la fiscalización económica al proceso de Evaluación Docente. No obstante, hizo un llamado a las autoridades a propiciar la creación de la Superintendencia de Educación, organismo que no sólo velaría por los recursos, sino también por los aspectos educativos.
Respecto a los contenidos del informe, Roberto Villagra planteó que “la Contraloría debería ser más exhaustiva a la hora de elaborar el documento, ya que nunca se planteó la necesidad de una nómina exacta de los colegas que tienen que realizar este proceso, sino de un cronograma sobre las especialidades y ciclos a evaluar por año”.